El aviso en la puerta de la Iglesia era claro. “Para bautizos, confirmaciones y casamientos, requisito indispensable un recibo de luz no pagado”.
Apoyar la causa y robar energía, se ha convertido en la norma en muchas comunidades de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y las Verapaces. Pero, para consumar el robo las organizaciones han creado un andamiaje, que cual reloj suizo, trabaja en perfecta sincronía.
En su centro, los esfuerzos de los rebeldes tienen el apoyo de la Iglesia católica, específicamente de sacerdotes como Monseñor Ramazzini. El obispo, que abiertamente se ha declarado defensor de las causas de los más pobres, sin importarle que esa defensa se haga mientras se comete un delito, “el robo de energía eléctrica”.
Y así es como la Comisión Pastoral Paz y Ecología, COPAE, brazo social de Ramazzini, apoya los esfuerzos de grupos campesinos rebeldes dedicados al robo de energía en el occidente del país.
Para convencer a los habitantes de la importancia de unirse a la causa, las organizaciones se valen de todo. Discursos que hablan de odio, discriminación y hasta de fe.
En Malacatán, pancartas con la imagen de Jesús de Nazaret, crucificado, logran vender la idea a los locales.
Es importante nacionalizar la energía eléctrica y Jesús es una prueba de ello. Los dirigentes hacen creer a los comunitarios que es el mismo Dios quien les dice que deben oponerse a empresas que comercializan energía en sus comunidades.
Además, se valen de la intimidación y la violencia para sumar adeptos a su causa. “Quienes no apoyan al pueblo están en contra de nosotros”, reza otra pancarta.
Mario Coyoy, vecino de Malacatán, no veía lógico comprar energía robada, pues nadie le garantizaría el suministro. Pero, el discurso de los dirigentes fue tan convincente que no tuvo opción más que sumarse a la cadena delictiva y comprar el servicio.
“Me dijeron que mis hijos van a la escuela de la comunidad y que vivo aquí y si no los apoyaba estaba en contra de ellos”.
Q800 de entrada y Q80 al mes
En San Pablo, San Marcos las organizaciones sociales encontraron una forma de hacer dinero, sin realizar mucho. Vender energía eléctrica robada a precios cómodos para los usuarios.
Plutarco, un miembro del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, ofrece la conexión de energía en la comunidad. “Debes pagar Q800 para la conexión a nuestra red”.
La red a la que se refiere Plutarco es el tendido eléctrico de DEOCSA, en donde ellos se conectan ilegalmente.
Luego, cada mes se deben cancelar Q80 y el servicio está cubierto. “Puedes tener le tele encendida todo el día y lo que querrás, no hay límite de cosas”.
Plutarco y sus colaboradores aseguran que la instalación es una cuestión de minutos. “Mire enganchamos un cable al tendido, ese lo conectamos a su contador y la conexión está lista”.
Se le coloca una calcomanía para identificar el número de cliente y con base a este, se hará el cobro cada mes. “Es fácil, pero eso sí, no deje de pagar o le cortamos el servicio”.
El engranaje del mal
Mientras CODECA y COPAE trabajan en la venta de energía, el Comité de Unidad Campesina, CUC, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC y el Frente de Resistencia Nacional en Defensa de los Recursos Naturales, FRENA, manipulan a las comunidades. Les mienten, engañan y hacen creer que la única forma de realizar las cosas es como ellos lo proponen.
Se valen de su ignorancia para manipularlos y juegan con sus creencias. Discursos incendiarios y cargados de odio, provocan malestar en la población, y sus líderes saben bien cómo canalizar esa furia.
Convierten el enojo en un lucrativo negocio. Y es así como uno a uno los hogares de las colonias en ciudades como Quetzaltenango, Coatepeque, San Marcos aprovechan la oferta de energía barata e ilimitada.
Hoy, las acciones de CODECA y sus organizaciones satélites han creado un mercado de consumo eléctrico ilegal importante. De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, los usuarios conectados ilegalmente al servicio sobrepasan los Q600 millones.
Y estas prácticas han llevado a que las empresas comercializadoras de energía se vean en la necesidad de suspender servicios en varios puntos del país. Nuevamente, las organizaciones sociales salen a las calles para exigir la nacionalización de energía y la conflictividad sigue en aumento en Guatemala.
“La oposición pacífica que como organización mantenemos es en contra de las transnacionales, y lo que exigimos es que el Estado vuelva a hacerse cargo de la distribución de energía”, Miguel Ixcán, de Codeca.