La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Ministerio Público (MP) a entregar informes de las investigaciones criminales que se siguen en contra de los candidatos a magistrados y jueces.
La orden de la CC busca que en un plazo de 10 días, el MP entregue al Congreso información de los procesos legales que podrían manipular las elecciones de los aspirantes para el período 2019-2024.
Las Comisiones de Postulación, que históricamente han sido manipuladas por diputados y figuras políticas, quienes han buscado sus intereses particulares y favorecen agendas ideológicas, son nuevamente el blanco del oportunismo de políticos.
Para el abogado, José Toledo, las acciones emprendidas por la CC, la llevan a involucrarse en campos que no le competen. “Para esta fase, ya las Comisiones de Postulación debieron haber determinado la honorabilidad de los candidatos”. Pero, lo más grave es que se estaría entregando información de procesos en los cuales no hay una sentencia en firme. “Se está violando la presunción de inocencia y limitando el derecho a la libertad de ser electos a un cargo de personas que no han sido condenadas”.
Toledo asegura: “Si hay una denuncia en contra de una persona, pero esta no se ha resuelto, podría evitar que pueda ser electo al cargo de juez o magistrado, que viola así la presunción de inocencia”.
Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) va más allá y asegura que desde que inició este proceso, la CC se ha valido de amparo para afectar la elección de magistrados y jueces. “Primero, evitó que el Congreso convocara a la conformación de Comisiones de Postulación, luego, anuló las actuaciones del proceso, con lo que violó los plazos establecidos para conformar el poder judicial”.
Según Ralón, esta resolución como las anteriores, se han hecho con apreciaciones subjetivas y no con parámetros con respecto al texto. Además, coincide con los otros encartados, en que esta nueva solicitud solo busca revelar líneas de investigación o indicios que aún no se traducen en acciones penales concretas validadas por ningún tribunal.
Este informe violenta, la autonomía del MP, pues lo obliga a enviar un informe técnico de sus acciones a un órgano político como lo es el Congreso, sostiene el jurista.
Mario García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rural, expresó que de todos es sabido que figuras y operadores políticos, se han valido de estas elecciones a cambio de obtener favores con beneficios propios. Casos como el de Gustavo Alejos, ilustran la manipulación que ejercen en estos procesos para arreglar sentencias que favorecen a personas y funcionarios públicos, señalados o que tienen cuentas pendientes con la ley.
Para Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, lo sucedido hoy forma parte de una conspiración que se originó en 2019, que buscaba evitar que candidatos no afines a Helen Mack llegaran a ocupar los cargos de magistrados y jueces. “Entonces, los candidatos afines a Helen Mack como el juez Miguel Ángel Gálvez y la jueza Ericka Aifán, no llegaron a alcanzar el punteo necesario para integrar la nómina de postulación, por lo que se presentó un amparo que botó todo el proceso”.
Méndez Ruiz asegura que lo ordenado por la CC al MP, dará como resultado que el Congreso de la República seleccione entre un listado de candidatos mutilados por Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). Si el Ministerio Público entrega esta información al Congreso facilitaría la manipulación de la elección a favor de los candidatos que respondan a los intereses particulares de determinados grupos.
“El problema se origina del alto grado de subjetividad para evaluar a los aspirantes sean o no de la carrera judicial. Si esta parte no cambia el órgano elector (el Congreso) puede llegar ya condicionado por arbitrariedades o intereses particulares”.- Stuardo Ralón de Cedecon