Este martes 18 de marzo, varios sectores de Guatemala se vieron afectados por bloqueos en calles y carreteras. La razón detrás de estas protestas es la reciente implementación de un seguro obligatorio para vehículos, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores de la población.
¿De qué se trata el seguro obligatorio?
El gobierno de Bernardo Arévalo publicó recientemente en el diario oficial la normativa que exige a todos los propietarios de vehículos contratar un seguro de responsabilidad civil. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de mayo, busca cubrir daños a terceros en caso de accidentes de tránsito.
Aunque la ley de tránsito ya contemplaba esta obligación desde 1996, hasta ahora no se había regulado su aplicación. El impulso final para implementarlo se dio después de un trágico accidente en febrero, cuando un autobús cayó a un barranco en la entrada norte de la capital, causando la muerte de 54 personas.
¿Por qué hay protestas?
Los manifestantes argumentan que la economía no está en condiciones para asumir este nuevo gasto. Con una tasa de pobreza que ronda el 60% de la población, muchas personas consideran que el costo del seguro es una carga adicional difícil de sostener, especialmente en un contexto donde los salarios no siempre son suficientes para cubrir necesidades básicas.
Además, el sector transporte ha sido uno de los más vocales en su oposición, ya que consideran que el seguro impactará directamente en sus costos operativos. Algunos transportistas han advertido que trasladarán estos costos a los pasajeros, lo que podría encarecer el servicio.
¿Qué consecuencias han tenido los bloqueos?
Las protestas han generado interrupciones en la movilidad en distintos puntos del país. En algunas zonas, los manifestantes han utilizado neumáticos quemados y vehículos como barricadas para bloquear el paso. Se espera que los bloqueos continúen en los próximos días, ya que distintos gremios han convocado a nuevas manifestaciones.
A pesar de la presión, el gobierno no ha dado señales de que vaya a revertir la medida. Sin embargo, la oposición política ya ha exigido que se reconsidere su aplicación, argumentando que la población no está preparada para asumir este gasto adicional.
¿Qué pasará ahora?
Por el momento, el seguro obligatorio sigue en pie y entrará en vigor el 1 de mayo. La incertidumbre radica en cómo responderá el gobierno ante la creciente presión de los manifestantes y los sectores que se oponen a la medida.
Más allá del debate sobre el seguro, esta situación refleja una preocupación más amplia sobre la economía del país y la capacidad de la población para asumir nuevas obligaciones financieras. La discusión no parece terminar aquí.