El 12 de agosto, Leslie Corina Coyoy Ixtacuy viajó desde su casa en la aldea Bella Vista Las Majadas, Quetzaltenango, hasta la capital, donde había encontrado un trabajo en una casa.
Leslie aprobó sexto primaria hace seis años y se dedicaba a ayudar a sus padres Artemio Coyoy Orozco y Cristina Ixtacuy, en la siembra y venta de flores en la localidad. Tiene tres hermanos.
El mismo día, Artemio recibió un mensaje angustiante. Era una fotografía y un video en donde ella decía que estaba secuestrada.
Pronto, recibió una llamada en la cual Leslie decía que estaba secuestrada y que los delincuentes exigían Q1 millón por el rescate.
Se emitió de inmediato una alerta Isabel Claudina y las búsquedas comenzaron, pero los padres de la joven no tenían el dinero para pagar la liberación.
El monto bajó a Q5 mil, pero para ese momento, la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con Ministerio Público (MP) ya había interceptado el teléfono de Leslie y dado con su ubicación, en una colonia de la zona 12.
Se había tratado de una extorsión. Leslie había fingido su secuestro para obtener dinero de sus padres. Fue capturada por la PNC el 22 de agosto y llevada a un Juzgado de Turno.
“Yo misma estuve extorsionando a mi familia, me tomé una foto y se la envié a mi papá, luego llamé diciendo que estaba secuestrada, pedí Q1 millón para liberarme. Lo hice todo por mi embarazo”, confesó la joven a los medios de comunicación el día de su captura.
El MP cuenta con todos los videos y las fotografías que documentan cómo la joven fingió su secuestro desde un celular y con ayuda de una persona aún no identificada.
Leslie fue procesada por el delito de extorsión y enviada a la cárcel Santa Teresa, zona 18, durante 3 meses mientras que la fiscalía investigue el caso.
“Somos de escasos recursos, mi hija cometió un error y tiene que pagar ante las autoridades. La perdonamos por el amor que le tenemos, que regrese a casa”, expresaron los padres en una entrevista.
Una táctica común
Casos como el de Leslie se dan frecuentemente en el país. El pasado 22 de agosto, el MP y la PNC aprehendieron a tres personas señaladas de planificar y ejecutar un autosecuestro.
Óscar Alberto Santizo Solís, de 27 años, Melanni María José Claveria Salic de López, de 25 años e Irma Isabel Ramírez Esquivel de Chacón, de 37 años, exigían Q18 mil.
Ambas mujeres fingieron haber sido secuestradas y realizaron llamadas a sus familiares, quienes denunciaron el hecho de inmediato. Santizo se encargó de cobrar el dinero, pero fueron sorprendidos por las autoridades. Los billetes y celulares fueron incautados.
Otro caso sucedió en marzo de este año, cuando Lilian Amparo Arévalo Rivas, de 47 años, fue capturada por planificar y ejecutar su propio secuestro.
Según la denuncia, Arévalo fue plagiada por desconocidos camino a una iglesia en El Tejar, Chimaltenango. Por su rescate, exigió Q500 mil inicialmente. Después, de negociaciones con la familia, se acordó Q50 mil por la liberación.
Arévalo fue “liberada” 30 días después en el kilómetro 63, en Escuintla. Fue capturada por la PNC y trasladada a un juzgado local.
En marzo, Alex Ariel Albores Chan, de 34 años; Sergio Rolando del Bal Martínez, de 35; Génaro Barreno Cujuy, de 42, y Luis Alberto Gil González, de 31, fueron capturados por el autosecuestro de Gil González.
Los familiares de Gil denunciaron el hecho inmediatamente, lo que facilitó las investigaciones y aprehensión de los señalados, en San Sebastián, Retalhuleu.
Los “secuestradores” exigieron Q40 mil por la liberación de la “víctima”, pero el pago finalmente se fijó en Q10 mil.
Al momento de la entrega del dinero, la PNC capturó a los hombres e incautó dos motocicletas.
Otro caso fue el de Martín Lem Gualim, capturado en mayo de 2018 por fingir su propio secuestro.
El 12 de mayo, el suegro de Lem denunció su desaparición después de que salió de su vivienda y no regresó.
Desde su teléfono, Martín llamó a sus familiares y exigió Q300 mil por su supuesto rescate. La investigación del MP determinó que mentía. En noviembre pasado, fue condenado a seis años de prisión por el delito de extorsión.
Estas tácticas son más comunes entre los jóvenes, quienes exigen dinero a sus padres angustiándolos y atemorizándolos. Sin embargo, las pandillas ya se dedican a organizar autosecuestros y dividirse el rescate.
Aunque, el autosecuestro no se encuentra tipificado en la ley, se condena como una extorsión, debido a que las supuestas víctimas no están realmente en peligro, pero exigen grandes cantidades de dinero a sus familias o amigos.
ARTÍCULO 261.- Quien, para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes; igualmente cuando con violencia lo obligare a firmar suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de seis (6) a doce (12) años inconmutables.
En 2018, se registraron 8 mil 672 denuncias por extorsión. Según la PNC, estas han aumentado en los últimos cuatro años.
En los primeros meses de 2019, se registraron 1 mil 793 denuncias, un 30 por ciento más de las registradas en el mismo período de tiempo durante 2018.
Las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Messenger han facilitado la propagación de estos delitos.
Fuente: PNC, Twitter.