El caso de la Mina San Rafael se convirtió en el talón de Aquiles de la Corte de Constitucionalidad, donde a la fecha Guatemala ha dejado de percibir unos Q2 mil 800 millones. por la suspensión de labores de la mina. Hoy, siete de sus magistrados, titulares y suplentes enfrentarán un proceso de antejuicio solicitado por Mario Rodolfo Passarelli, exasesor del exministro, Mauricio López Bonilla y exdirector de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED).
La solicitud de Passarelli está relacionada con el fallo que estos dieran sobre una consulta comunitaria para que la mina pueda seguir operando, según lo estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los magistrados señalados por Passarelli, de retraso malicioso de justicia son Gloria Porras, Bonerge Mejía y José Francisco de Mata Vela, así como a los magistrados suplentes Philip Comte, Neftalí Aldana, María de los Ángeles Araujo Bohr y José Mynor Par Usen. El recurso presentado por Passarelli, del cual la empresa minera se ha desvinculado, es uno de tres que pesan sobre los magistrados de la CC, pero el único en ser resuelto a la fecha. Los pendientes de resolver son uno interpuesto por la Asociación de Dignatarios de la Nación y otro por la Procuraduría General de la Nación, ambos presentados el año pasado.
Estas son las pérdidas que la suspensión ha generado para Guatemala.
- 553 días sin operar.
- Q5.1 millones diarios (impuestos, regalías, pago a proveedores, salarios).
- Q2 mil 820 millones de pérdidas para la economía nacional.
- 850 empleos directos.
- 7 mil 500 empleos indirectos.
Lo que sigue
Luego de que la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud presentada por Passarelli, el camino para que los magistrados pierdan su inmunidad deberá seguir en el Congreso de la República. De acuerdo con el abogado, Estuardo Ralón, allí se deberá integrar una comisión para conocer la solicitud y emitir un informe sobre si recomienda o no retirarles la inmunidad.
“Sin importar la recomendación de la Comisión Pesquisidora, el Congreso deberá votar y con 105 votos podrían retirar la inmunidad a los magistrados”, Estuardo Ralón.
Luego de este proceso los magistrados solo podrán ser separados de sus cargos si se les dicta prisión preventiva, asegura Ralón. Luego de este proceso, el MP podrá iniciar las investigaciones correspondientes para determinar el actuar de los magistrados en el ejercicio de su cargo.
La única de los miembros de la CC que quedó fuera de la solicitud fue la presidenta Dina Ochoa, por lo que de proceder el retiro de antejuicio sería la única en no ir a prisión. Además habrá que esperar una serie de demandas que las empresas inversoras en la Mina San Rafael podrían presentar en contra del Estado de Guatemala, siendo estas de origen canadiense y de los Estados Unidos.