La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) presentó su segundo informe titulado Testimoniales de fincas invadidas por grupos criminales en Alta Verapaz. En el mismo dan a conocer el caso de dos fincas que han sido perjudicadas por estos hechos ilícitos.
El primer caso es el de la Finca Cubilguitz, donde el 13 de marzo de 2019 inició la invasión. Según se indicó en el informe, grupos armados dirigidos por el excomandante guerrillero César Montes Macías, invadieron una fracción de la finca ubicada en Cobán, Alta Verapaz.
El objetivo fue apoderarse de territorios pertenecientes a la familia Dieseldorff, quienes son dueños legítimos de la propiedad desde hace 110 años, mencionó el informe.
En el caso de esta finca, los líderes de la invasión, encabezados por Montes, exigieron cobros iniciales de Q100 a cada persona por el derecho a participar y recibir tierra. Actualmente, señalan que cobran hasta Q8 mil a los invasores por su participación.
El informe de ACDEPRO señala que el dinero es utilizado por la Fundación Turcios Lima y sus Batallones rojos de la Paz, en conjunto con el Comité Campesino del Altiplano, para viáticos y el pago de abogados. Además, señalan que en la zona trafican y proveen armas para extorsionar y amenazar a los dueños.
El segundo caso es el de la Finca Sequibal-Agropalmito, la cual fue invadida en marzo del 2019 por 30 personas pertenecientes a un grupo clandestino que indicó estar al servicio de César Montes. Las personas invadieron la finca violentamente, irrespetaron el derecho de la propiedad privada.
Según el testimonio de los propietarios de Palmito, los invasores a su ingreso amenazaron y golpearon a trabajadores y guardias. Además, resaltaron que también robaron sus pertenencias, instrumentos de trabajo y dinero.
En dicha ocasión el grupo criminal quemó, destruyó y robó la propiedad privada invadida, así como fertilizantes, el dinero para el pago de su planilla y otros activos. Vehículos fueron desmantelados y sus partes vendidas, junto con la cosecha de palmito almacenada en las bodegas de la finca.
Para julio de 2020 más de 300 personas están invadiendo la finca y cada usurpador paga montos entre Q500 y Q5 mil a los líderes de los grupos, quienes están asociados a las ONG ligadas a Montes, quien continuamente llega en carros de lujo, acompañado de más de 15 guardaespaldas.
Medidas penales
La Finca Cubilguitz realizó las denuncias pertinentes al Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC), la Secretaría de Asuntos Agrarios y demás instituciones públicas, las cuales instauraron mesas de diálogo con los invasores. La documentación existente determinó que las fincas debían ser desalojadas.
Los propietarios resaltaron que a algunos funcionarios de la PNC parece no importarles acatar las ordenanzas del juez competente y hacer cumplir las leyes. “Jueces han girado órdenes de desalojo en cinco fechas distintas, sin embargo se han excusado de no poder ejecutarlas debido a tener otras actividades agendadas”, señalaron.
Por su parte, Agropalmito se apersonó ante el MP, la PNC, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Secretaría de Asuntos Agrarios y otras instituciones del Estado, con el objetivo de obtener apoyo para desalojar a los invasores que usurparon la propia.
Sus propietarios indicaron que el MP encontró suficiente evidencia, como el título de propiedad, patentes de comercio y demás documentación que respalda a los verdaderos dueños. Por ello, el juez competente dictaminó que el MP y la PNC debían realizar operativos para desalojar a los invasores.
El impacto económico
En el primer caso, los invasores han tomado aproximadamente el 30 por ciento de la Finca Cubilguitz, lo que ha generado pérdidas millonarias para los propietarios, debido a que se pierden cosechas, plantaciones y activos, por la pérdida de terrenos utilizados para siempre.
Los propietarios indicaron que han perdido hectáreas de bosques de hule, producción que era exportada a varios países.
El informe señaló que los invasores han talado en la propiedad árboles para venta y uso personal, se han destruido más de 10 hectáreas de bosques de pino y bosques naturales. Han ingresado con camiones y vehículos tripulados con personas con armas de fuego, quienes extraen la madera.
En la finca de Agropalmito, donde se elaboran productos de palma que se exportan a México, República Dominicana, Portugal, España y Francia, se ha visto interrumpida su producción por la ocupación ilegal de los usurpadores, quienes destruyeron plantas de palmito y el cosechado que estaba en las bodegas.
Además, dichos grupos evitan el ingreso de trabajadores, tienen personas armadas con fusiles de alto calibre. Se estima que las pérdidas por este tiempo superan los Q3 millones, junto a las 200 personas que dependían del trabajo generado en la finca, quienes no han podido laborar.
