La Asociación para la Defensa de la Propiedad (ACDEPRO) presentó este jueves 4 de junio el primer informe Panorama general sobre invasiones en fincas privadas a nivel nacional. Una actividad delictiva que persiste durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Su principal problemática es que el derecho a la propiedad privada en Guatemala es constantemente amenazado por el crimen organizado, el cual se infiltra en organizaciones sociales para cometer delitos criminales que desestabilizan y alejan la inversión.
El informe de ACDEPRO señala que hay algunos grupos organizados que alcanzan sus intereses apropiándose ilegalmente de bienes privados, que crean caos para favorecer su capacidad de acción y que no tienen oposición a sus actividades criminales.
Su estrategia incluye diezmar los recursos económicos del propietario y aprovecharse de las lagunas legales, reglamentos inadecuados y burocracia en el sistema de justicia.
Hay que recordar que el derecho de la propiedad privada es el poder legal que tiene una persona para gozar, disponer y reivindicar sobre un objeto o propiedad sin afectar los derechos de los demás. Según el International Property Index de 2018, Guatemala es uno de los países donde menos se respeta la propiedad privada.
Esta problemática se continúa viendo durante el tiempo de cuarentena provocada por el coronavirus, donde se ha reportado que las invasiones a las fincas persisten. Actualmente, más de mil fincas están invadidas y miles de negocios son extorsionados todos los días.
Invasiones en época de Covid-19
ACDEPRO dio a conocer que desde el 13 de marzo del presente año, día que se dio el primer caso de COVID-19 en Guatemala, se han reportado algunas invasiones en terrenos alrededor del país, lo que ha provocado pérdidas millonarias y destrozos en áreas protegidas.
Algunos casos
Según reportó ACDEPRO, se dio una quema de la casa e instalaciones de la Finca Cubilguitz, en Cobán, Alta Verapaz, el 13 de abril de 2020. Esta, fue invadida desde marzo de 2019, invasión dirigida por la Fundación Turcios Lima y el guerrillero Julio César Montes Macías.
Por este caso hay 3 desalojos suspendidos, el último fue el del 25 de marzo de 2020 por la emergencia sanitaria del coronavirus.
Otro caso fue el de la Finca Chabilán, en El Estor, Izabal, el 14 de mayo del presente año. En esta ocasión los invasores habrían quemado y destruido las plantaciones, lo que ocasionó pérdidas millonarias y puso en riesgo cientos de trabajos en la zona.
También se dieron invasiones de terrenos en El Estor, Izabal, en mayo de 2020 dentro del estado de calamidad. Los invasores habrían actuado con total impunidad, luego de haber invadido más de 15 terrenos y pandilleros habrían exigido el pago de Q50 por permitir la libre locomoción.
En la Finca Sepur Las Minas, de Panzós, Alta Verapaz, el 30 de mayo, pese a la confirmación del toque de queda, algunas personas invadieron y destruyeron parte de la biosfera protegida dentro de dicho lugar, donde fueron talados árboles de manera ilegal de sus bosques protegidos.
Otras fincas afectadas han sido La Esperanza, Corozal, Las Estrellas y Los Recuerdos en Santa María Cahabón, de Alta Verapaz. Aquí, los invasores aseguraron ser miembros del Comité Campesino del Altiplano, grupo que tenía dinero para comprar el terreno y que no desalojaban por tener el respaldo de dicha institución.
¿Cómo afecta?
Dentro de los daños a Guatemala que ACDEPRO resaltó está la pérdida de garantías hipotecarias en el sistema financiero, la disminución de la inversión, zozobras sociales, mala reputación, pérdida de credibilidad del país, destrucción del medioambiente y el aumento de criminalidad.
Además, un desalojo representa en gastos alrededor de Q1 millón sin contar las otras pérdidas como la muerte de animales, corte de cultivos, quema de casas, tala de árboles y más. A ellos, se le suman los días, meses o años sin producir y la pérdida de cientos de empleos.
Entre los delitos cometidos están:
- Extorsión
- Estafa
- Lavado de dinero
- Financiamiento electoral ilícito
- Tráfico de armas
- Narcotráfico
- Delitos contra el ambiente
- Detención ilegal
- Amenazas
- Robos
- Sabotaje
- Destrucción de cultivos
- Asesinato
- Perjurio
- Falsedad material
ACDEPRO señaló que estos grupos están apoyados por organizaciones de la sociedad civil y algunas instituciones del Estado. Además, resaltó la falta de acción y coordinación del Ministerio Público y demás operadores de justicia para ejecutar órdenes de desalojo y arrestos.
¿Qué es ACDEPRO?
Es una entidad creada para promover, ejercer y proteger el derecho a la propiedad privada en Guatemala por medio de diferentes mecanismos legales, que combatan actos contrarios al orden público que limiten el derecho constitucional a la propiedad privada realizados por terceras personas.
Fue inscrita el 13 de agosto de 2019 en el Registro de las Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación.
Son instrumentos de formación y asesoría que protege la propiedad privada y expone a criminales que atentan contra la misma. Además, asisten legalmente y apoyan a legítimos propietarios para combatir el ataque a la propiedad privada y el prevaricato.
