El superclásico de España, Barcelona contra Real Madrid, tendrá una nueva fecha luego de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y La Liga mostraran su preocupación por las manifestaciones y altercados en Cataluña. Ambas entidades han considerado que “no se podría garantizar la seguridad”.
El partido estaba planeado a disputarse este 26 de octubre, en el Camp Nou. Por otro lado, varias opciones comenzaron a surgir para el cambio de fecha o, incluso, la sede donde se jugaría el partido. Entre ellas, se dispuso el miércoles del 18 de diciembre para realizarse el juego. También se consideró que se disputara el encuentro entre los clubes más galardonados de España en Madrid y evitar cambiar la fecha del partido.
Las directivas del club blaugrana y el cuadro merengue estuvieron de acuerdo en que no se cambiase la sede del encuentro, ya que suponía una gran pérdida de ingresos por boletos para el Barcelona. Preliminarmente, LaLiga y la RFEF esperaban que este lunes ambos clubes pudieran acordar en qué fecha se podría realizar el encuentro. Tanto el club catalán como el cuadro merengue aceptaron que el próximo 18 de diciembre se realice el esperado partido.
La actualidad de Cataluña
Las calles se inundan de manifestantes por los días y durante la noche sobresalen los reportes de disturbios entre las ciudades catalanas. La independencia es una lucha que el pueblo catalán ha llevado desde hace décadas y que se intensificó el 1 de octubre de 2017, cuando se realizó un referéndum con los habitantes de esta región para demostrar que la población deseaba separarse de España.
El 16 de octubre de 2017, los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, fueron encarcelados. Dos semanas después, la Fiscalía General del Estado se querelló contra todo el gobierno de Carles Puigdemont y los miembros de la Mesa del Parlament, que permitieron que se votara la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre. Puigdemont, expresidente del Gobierno de Cataluña, se marchó a Bruselas el mismo día que la Fiscalía presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra todos los miembros y consejeros de Puigdemont.
Dos años después, el Tribunal Supremo impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno de Cataluña y a otros ocho líderes independentistas. Esto provocó que miles de personas salieran a las calles por varios días consecutivos para manifestarse en contra de las sentencias y “exigiendo la liberación de los prisioneros políticos”.