El Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) ha sido enfático en señalar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes otorgaron un amparo provisional para que se retrotrajera el proceso de las comisiones de postulación para Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, sin tomar en cuenta las repercusiones que tendría esa decisión, pues no se tomaron en cuenta los tiempos. Según el abogado Stuardo Ralón, es imposible que las comisiones entreguen expedientes el 13 de octubre, cuando tienen que iniciar todo el proceso.
Pone en un inminente escenario de incumplimiento de ruptura de un período constitucional. Es decir, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones tienen un período improrrogable constitucional, que finaliza el 13 de octubre, por lo que es reprochable que la CC, al momento de resolver, no considere el respeto a ese período”. – Lic. Stuardo Ralón.
Pero eso no es lo que más podría afectar
La resolución podría ser un mal antecedente, porque se está rompiendo el orden de la Constitución y además se está cometiendo una violación a la ley.
Al establecer los requisitos que determina el amparo, se obliga a que los magistrados continúen en los cargos por tiempo indefinido y esa prolongación podría ser ilegal, por la usurpación de funciones que estarían realizando los que aún estén en el cargo.
Además de tener un reglamento que quedó inoperante durante más de cinco años, que se podría aplicar de manera retroactiva. Esto, al parecer de Ralón, es ilegal.
Los magistrados son responsables y no gozan de inmunidad, por lo que deberían responder a lo que están resolviendo.
Los magistrados podrían ser sometidos a la ley, por estar violando los procesos. Es imposible que las comisiones entreguen expedientes antes del 13 de octubre. Eso no se podrá por culpa de los magistrados de la CC. No es posible que continúen con este tipo de violaciones”. – Lic. Carlos Ramírez.
Ahora, las comisiones de postulación tendrán que trabajar doble por una disposición de la CC, mientras que los magistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones continuarán en funciones hasta que se defina quiénes ocuparán los cargos, aunque los tendrían que dejar el 13 de octubre.