Desde el 2003 cientos de personas han construido sus viviendas y talado árboles para poder lucrar con las maderas preciosas.
Con información brindada por el INAB, se estima que existen más de 150 familias que están viviendo ilegalmente en la área protegida. La mayoría de estas utilizan el lugar para cultivar maíz y cardamomo, entre otros. Según las autoridades, algunas de ellas no viven en pobreza extrema.
Laguna Lachuá, el espejo del cielo
La área protegida se comprende de 14 mil hectáreas, de las cuales un 20 por ciento ha sido dañada por las invasiones al lugar.
De ese 20 por ciento, los animales y la flora de la zona protegida sufren por el tráfico de especies. Los tapires, jaguares y monos son cazados sin control, provocando incluso que algunos hayan sido movilizados de sus zonas.
¿Cómo afecta a la laguna?
Ha sido contaminada con desechos humanos y químicos, lo cual ha puesto en riesgo la biodiversidad del sector.
¿Qué dice la ley?
Según la Ley de Áreas Protegidas por dañar un área protegida con la tala o caza ilegal se puede recibir una condena de cinco a diez años y una multa de Q20 mil.
El Instituto Nacional de Bosques (INAB) como entidad rectora de los bosques fuera de áreas protegidas tiene no solo la responsabilidad de velar por el buen uso de los recursos forestales, sino también de la administración, las cuales le fueron otorgadas por medio de los acuerdos gubernativos, antes de la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).
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“Derivado de lo anterior, similar a lo que ha pasado con otras áreas protegidas, en donde incluimos a la biósfera maya ubicada en Petén, se ha registrado la depredación de uno de los parques más importantes que tiene INAB a su cargo, el Parque Nacional Lachuá, ubicado en Alta Verapaz”, menciona María Alejandra Marín, responsable de Comunicación Regional.
“Grupos de pobladores, supuestamente de escasos recursos, se han apropiado de manera ilegal de más de 1,500 hectáreas de terreno, cuyos árboles fueron talados. Algunas organizaciones civiles, integradas por sindicalistas y supuestos dirigentes indígenas, defienden la invasión ilegal, señalando que se trata de familias que viven en extrema pobreza. Sin embargo, análisis realizados por el INAB y grupos que también trabajan para proteger el mencionado parque, han identificado que no solo no se trata de personas de escasos recursos, sino que en muchos casos son comerciantes de tierras, que pretenden lotificar el área y vender los espacios”, dice Marín.
“Ya existe un proceso legal abierto, el cual se espera permita desalojar a los invasores e iniciar la recuperación del bosque que aquí desapareció”.
“Como INAB buscamos que la población se apropie del Parque Lachuá enseñándole su importancia en el país y el mundo. Buscamos que los pobladores vean lo beneficios ambientales que perderán si no protegen la extensión, también evidenciar los impactos negativos que ya se están registrando con la ocupación ilegal de algunas áreas, no solo a nivel ambiental, sino también social, económico y cultural”, comenta Alejandra.
A pesar de la problemática, miles de personas visitan el Parque Nacional Laguna Lachuá, para disfrutar de la naturaleza y apreciar los atardeceres únicos.