Con más de 46 días de retraso, la congresista norteamericana Norma Torres recibió lo que quería del secretario de Estado, Mike Pompeo: un listado con los nombres de los corruptos de Centroamérica. Pero la lista no llenó las expectativas de la representante del 35 distrito por California, pues en él solo figuraron nombres de quienes ya han sido condenados por actos de corrupción.
Según Torres, el listado que le fuera entregado con tanto retraso, “se pudo haber conseguido en Google”; además, que la administración de Donald Trump sabe más de lo que dice, ya que “no es la primera vez que este gobierno ha sido cómplice de la corrupción en Centroamérica”. El listado que incluye los nombres de 23 personas “es una farsa” y deja fuera a muchísimos corruptos, todo bajo la mirada del Gobierno de los Estados Unidos.
¿Y la presunción de inocencia?
Para Torres, el listado que le presentó el Departamento de Estado está incompleto y ha dejado fuera a muchos funcionarios señalados de corrupción, algunos de los cuales no han sido juzgados ni condenados por los señalamientos en su contra, por lo que aún son inocentes.
Todo apunta que a Torres se le ha olvidado una de las máximas de la justicia del país donde encontró refugio: “Inocente hasta que se demuestre lo contrario” o presunción de inocencia, fundamental en el derecho norteamericano.
La presunción de inocencia es un derecho humano, uno contenido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bajo esta presunción, todas las personas, acusadas, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Para el abogado José Toledo, estos listados, como el que ha solicitado Torres, contienen más un componente político que jurídico, pues nadie puede ser condenado sin haber sido citado y condenado.
Nunca he sido parte de la creación de estas listas, pues si no hay una condena es difícil decir quién es y quién no es corrupto”. José Toledo, abogado.
Para Toledo, este tipo de listas tienen más que ver con el escarnio público que con la verdadera justicia: “Ser incluido en un listado no es sinónimo de ser una persona condenada”. Según él, si Estados Unidos quiere hacer listados “debería comenzar con hacer los propios e incluir a personas que ellos tienen y son corruptos”.
El listado que no gustó a Torres
La lista que no llenó las expectativas de Torres incluye en total a 23 personas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Todos condenados y con sentencias en firme, tanto en sus países de origen como en el país del norte.
Por Guatemala figuran la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, condenada a 15 años de prisión por el caso del Lago de Amatitlán; Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, sentenciado a 8 años por el caso de la renta de autos blindados. Además del diputado José Armando Ubico Aguilar, por el partido TODOS, condenado por narcotráfico en Estados Unidos en 2003, entre otros señalados.
Por El Salvador aparecen dos expresidentes, quienes también figuran en la lista entregada por Pompeo: Carlos Funes, quien se apropió de US$419 millones y le fue ordenado devolver US$206 millones. También está Antonio Saca, condenado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por lo que le fue ordenado pagar US$25 millones en reparaciones al Estado salvadoreño.
De Honduras figuran dos miembros del clan familiar Rosenthal: Yani y Yankel. El primero fue exministro de la presidencia, condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero procedente del narcotráfico; y el segundo, sentenciado a 29 meses por intento de lavado de activos.
