Fue una de las mujeres más poderosas en Guatemala, su carácter fuerte en el Congreso le formaron una imagen. Alcanzó la cima más alta al convertirse en la primera mujer vicepresidente del país, viviendo en el cielo por casi cuatro años.
Acompañada y admirada por muchos, lamentablemente para Roxana Baldetti su caída fue más rápida que su ascenso.
El caso La Línea revelado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la llevaron a prisión preventiva en 2015. Al estar dentro de la cárcel de Santa Teresa, Baldetti continuó acumulando procesos en su contra.
Los casos: Agua Mágica (Lago de Amatitlán), Cooptación del Estado, TCQ, plazas fantasmas en el RIC y un proceso de extradición para Estados Unidos.
De dichos procesos, Roxana ya recibió su primera condena por más de 15 años de prisión en el caso Agua Mágica. Su juicio más cercano es el de La Línea y su proceso más reciente es el de plazas fantasmas en el Registro de Información Catastral (RIC).
Pero, los problemas de la exvicepresidenta en Tribunales no acaban ahí. Su defensa en cada caso ha sido un dolor de cabeza para ella y para el resto de sindicados en los casos, quedando cada día más sola.
Dice ya no tener dinero
Desde su entrega a las autoridades, la exdiputada manifestaba con seguridad y arrogancia que solo sería defendida por un abogado de su confianza. En aquel entonces, el defensor Mario Cano tomó las riendas del caso La Línea, además la acompañó el litigante Benjamín Estrada.
Un caso que les trajo mala suerte a dichos abogados, Cano resultó estar implicado por lavado de dinero en Cooptación del Estado. Por su parte, Estrada fue sentenciado por colaborar con Marixa Lemus La Patrona a fugarse de la cárcel Mariscal Zavala.
Los honorarios de ellos eran desconocidos, sin embargo, Mario Cano comentó en una declaración que tenía un contrato con Baldetti por más de Q8 millones.
Tras su fallida primera defensa, Baldetti ha estado navegando entre abogados, algunos de ellos Edwin Mayén en Cooptación del Estado y TCQ. Ludwin Alamilla en el del Lago de Amatitlán y Fernando Guerra y Gustavo Juárez, quienes la representaron en el proceso de extradición hacia Estados Unidos.
A mediados del 2018, Roxana Baldetti argumentó que ya no tenía dinero para abogados privados en La Línea. Por ello, el juez Miguel Ángel Gálvez solicitó un estudio socioeconómico para determinar la veracidad de su argumento.
El estudio fue realizado por el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que concluyó que la exvicepresidenta sí tiene la capacidad de pagar los servicios de un abogado defensor. Ante esta situación, Graciela Cardona, la abogada designada le presentó a Roxana un posible convenio de pago que se negó a firmar.
Su argumento continúa
Meses después de lo sucedido en el caso La Línea, Baldetti volvió a argumentar que ya no tiene dinero, ahora en el proceso del RIC. Por tal razón, renunció a su abogado Edwin Mayén y solicitó ser representada por uno del Estado.
Esta situación se dio durante la audiencia de primera declaración del proceso por supuestas plazas “fantasma” otorgadas en el RIC, lo que provoca atrasos en el proceso.
Si en dado caso se le llegase a asignar un abogado del Estado, según el IDPP lo establecido en sueldos estaría entre Q10 mil y Q20 mil, dependiendo del que se le asigne. Algo que podría aumentar si Baldetti se termina quedando sin la defensa de su confianza en los otros casos pendientes.
