Un mil 400 trabajadores se sumarán a la carga financiera, que los pactos colectivos le cuestan al Estado de Guatemala. Poco más de Q1 mil millones del presupuesto nacional se destinan a pagar las demandas de los trabajadores, que se han amparado en sus “pactos colectivos” para vivir dignamente.
En la actualidad, docena y media de convenios, entre unidades sindicales e instituciones del Estado, están vigentes. Y uno nuevo busca sumarse a la lista, pues los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) van con todo.
Aunque su necesidad de fondos apenas y llega a los Q50 millones, en comparación con los sindicatos de Educación y Salud que reciben hasta Q1 mil 40 millones, cumplir con sus exigencias es imposible. Plagado de demandas y exigencias que sobrepasan la razón, los solicitantes pareciera que lejos de un pacto buscan enquistarse en el Estado.
“El pacto, como está redactado es lesivo y dañino, pues representa un gasto de Q50 millones el primer año y con aumentos anuales del 3 por ciento”. Carlos Velásquez, ministro MIDES
Las exigencias de los trabajadores del MIDES no difieren mucho de las demandas que se le han cumplido en otros pactos como el del Ministerio de Salud. Condiciones que atentan contra el buen funcionamiento de las instituciones y los servicios que se presta a los usuarios.
Pero, todos estos “pactos colectivos” tienen una razón de existir, asegura el analista económico Carlos Martínez. La discrecionalidad y la falta de políticas del servicio civil abren la puerta a que se lleven a cabo negociaciones discrecionalmente.
“El servicio civil en Guatemala no está basado en mérito, más bien se rige por negociaciones y presiones. No hay una política salarial para los empleados del Estado”. Carlos Martínez, analista económico.
Los excesos de los pactos colectivos
Los secretos oscuros de los diferentes pactos colectivos que están vigentes en buena parte de las instituciones del Estado, son compartidos. Según su concepción, los sindicalistas buscan proteger a los empleados de los abusos y darles un ingreso digno por el trabajo que realizan.
Sin embargo, de garantes, los sindicalistas han pasado a ser verdugos de los fondos públicos. Todos los pactos suscritos tienen una cláusula en común, “la inamovilidad de los empleados”.
Otros contemplan también los bonos que los trabajadores están obligados a recibir. “Bono navideño, escolar, de vacaciones etc.”, todos como beneficios adquiridos e irrevocables.
Los bonos: de Semana Santa, Q2 mil; por responsabilidad, Q1 mil 500 mensuales; escolar, Q2 mil anuales; vacacional, Q2 mil; navideño, Q2 mil; y por antigüedad, hasta Q2 mil anuales.
También contemplan los costos de funcionamiento, que el Estado debe pagar, para los dirigentes sindicales. Pago de oficinas, equipo, viáticos y hasta cláusulas que contemplan el pago de asesoría legal.
Así por ejemplo, el pacto colectivo del Ministerio de Salud, contempla cuotas diarias a funcionarios que salgan de las oficinas, adicionales a su salario hasta por 30 días. “Para el ministro Q1 mil 200, directores generales Q800, directores de área Q600, jefes de departamento Q400, secretario sindical Q1 mil, secretaria comité ejecutivo del sindicato Q800, secretaria de actas del sindicato Q400 y consejos consultivos y comisiones del sindicato Q350.
Además, las exigencias de los trabajadores del MIDES han incrementado los periodos de vacaciones y maternidad y ausencias justificadas. En el caso de maternidad pretenden que de 60 días pase a 80, mientras que las vacaciones se den por un periodo de 30 días hábiles, no los 15 de ley.
Otra de las constantes en las negociaciones de los pactos colectivos en muchas de las entidades del Estado, se refieren a la “plaza”. No contentos con las prebendas que exigen a las instituciones, los sindicalistas buscan perpetuar a sus familiares en los puestos de trabajo.
“En caso de que el empleado fallezca o no pueda seguir ejerciendo su labor, un familiar podrá ocupar el puesto de trabajo, por lo que no se puede contratar a alguien para que lo supla”.
Esta medida, así como las prebendas que gozan los empleados públicos ha llevado al pésimo funcionamiento del Estado. Entre tanto, las carreteras son intransitables, los índices de subdesarrollo se disparan y todos seguimos buscando a los culpables de nuestra miseria.