En Chitul, una aldea del municipio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, se vive una película de terror. Los pobladores se encierran en sus casas en plena luz del día y protegen a sus animales. Juan, un vecino, descubrió tres de sus gallinas muertas y dio con el responsable: Emilio Ac Coy, de 34 años.
Emilio se pasa los días encadenado de los pies por sus mismos padres. Es la única forma de poder controlarlo. Sufre de un trastorno psiquiátrico. Tiene tres hijos y una esposa que lo abandonó. Toda la familia vive en pobreza extrema. Los vecinos comentan que Ac se ha convertido en un riesgo para la comunidad.
“Llega a las casas, trata de agredir a las personas, ha matado animales con las manos, gallinas de una mordida, amenaza de muerte a las personas”, cuenta Juan, quien es abogado y decidió denunciar su caso en redes sociales después de agotar opciones.
Juan solicitó varias veces ayuda del Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), pero nunca hicieron nada. El abogado ha visitado a la familia varias veces y, desde hace dos semanas, denunció las condiciones infrahumanas en las que Emilio vivía.
“Me siento desprotegido y decepcionado de las autoridades. Hay una ausencia total del Estado, todas las instituciones han actuado muy mal”.
“El director del Federico Mora me aseguró que me podía ayudar, pero para internarlo necesitamos una orden de un juez”, comentó Juan. En ese momento, la PDH le indicó a Juan que no había recursos para un caso como este. No le quedó más remedio que recurrir a Twitter. “¿Por qué tienen que esperar a que haya muertos cuando se puede evitar con un traslado a un hospital donde ya me dijeron que lo recibían y lo iban a tratar?”, agregó.
Una película de terror
El dictamen psiquiátrico menciona que sufre de alteraciones del pensamiento y cambios conductuales. El médico, Ricardo Peláez, único psiquiatra en la región, lo ha tratado gratuitamente y le regala los antipsicóticos. Sin embargo, la familia no los emplea y prefiere darle a Emilio un tratamiento “sincrético religioso”.
Emilio asegura que hay voces en su cabeza que le hablan y ordenan matar animales. Ahora le toca asesinar personas. Ha tenido relaciones sexuales con animales y asegura que el demonio lo acecha. Posee una fuerza desmedida y responde agresivamente.
Le han practicado varios exorcismos y entrar a su casa da una sensación tensa. Su idioma nativo es el q’eqchi’, pero por momentos habla un español perfecto. En su familia, hay tres personas más que tienen problemas mentales y de retraso. En febrero, un primo de Ac se suicidó. Unos niños encontraron el cuerpo colgando de un árbol.
Los padres de Emilio ya son ancianos y, según Juan, ya están demasiado cansados para lidiar con la situación. Además, cuenta que Ac los golpea. “El viernes llegué a su casa y estaba encadenado a la cama. Rompió los vidrios de la ventana y se escapó”, cuenta el abogado.
En ese momento, le dijo a su esposa: “Métase a la casa y se encierran con toda la gente”. Toda la comunidad se puso en alerta y los hombres lo comenzaron a buscar. Después de media hora, lo encontraron a unos 200 metros de su casa subido en un árbol en una “posición antinatural”. “Fue como ver una escena de El Exorcista”, relató Juan.
El abogado contó que es muy valiente y escéptico, pero ver esa escena lo perturbó. “Entiendo que es un tema médico, sin embargo, me quedé intranquilo”, indicó Juan, quien ahora cambió sus animales de lugar y los mantiene bajo llave.
La respuesta
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE) levantaron un acta, en la cual se indica que cada noche, tres hombres adultos cuidarán a Emilio haciendo turnos. “Tiene que estar bajo resguardo de alguien, pero encadenarlo no es la forma”.
Juan aseguró que denunció el caso porque las condiciones de vida de Emilio violentaban sus derechos humanos y que espera que se le brinde el tratamiento adecuado y necesario para ayudarlo. Lo importante no eran los animales que morían, sino proteger la vida y dignidad de él y de la población.
La PDH se pronunció en sus redes oficiales el miércoles, solicitando medidas de protección a favor de Emilio y su traslado al Hospital de Salud Mental Federico Mora, para que sea atendido.
La demanda silenciosa
Al menos un 28 por ciento de la población guatemalteca sufre un trastorno mental, pero pocos son atendidos, según la Fundación Alas Pro Salud Mental. Y es que los profesionales activos en la Asociación de Psiquiatras de Guatemala no supera los 150 médicos.
Tan solo en el 2016, el Ministerio de Salud reportó 35 mil 814 casos de trastorno mental y de comportamiento. Los departamentos con mayor incidencia son Petén y Guatemala. La depresión y ansiedad son las consultas más frecuentes a nivel nacional. Sin embargo, hay muchísimos casos como el de Emilio, que no se conocen ni son tratados como corresponde.
Fotos: @patojodebarrio