La falta de garantías en el sistema de justicia y la creciente ola de corrupción que afecta a Guatemala hizo que desde hace 11 años se instalara la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su principal objetivo es combatir actos de corrupción y aparatos clandestinos que perjudican a los guatemaltecos, incluyendo los vínculos con funcionarios del Estado.
Es creada como un órgano independiente de carácter internacional, el 12 de diciembre del 2006, a raíz del acuerdo firmado entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, en respuesta a la solicitud de asistencia que se hizo, para luego ser ratificado por el Congreso de la República por medio del decreto 35-2007, el 1 de agosto de 2007.
No obstante, en las últimas semanas, la CICIG se ha visto envuelta en controversia debido a que el presidente Jimmy Morales dijo que no renovará el mandato de la entidad y prohibió el ingreso del Comisionado Iván Velásquez al país. Por su parte, la Corte de Constitucionalidad resolvió el 16 de septiembre, basándose en el artículo 12 del Acuerdo de creación de la CICIG que dice: “Toda controversia entre las partes relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente Acuerdo se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”. Por lo tanto, el mandatario debe agotar las negociaciones con el Secretario General de la ONU.
De llegar a un acuerdo, el Estado de Guatemala podría pedir a la ONU enviar un nuevo Comisionado con la condición de ser ellos los evaluadores del perfil o expediente de los candidatos. De igual manera, al no tener una solución, la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, estaría incumpliendo con el artículo 78 de la Ley de Amparo, el cual podría ser causa legal de destitución. En cuanto a Morales, la Corte de Constitucionalidad basándose en el artículo 420 del Código Penal, podría juzgarlo por delito de desobediencia.
Los tres Comisionados en esta historia
El primero que llegó a Guatemala durante el período del entonces presidente, Álvaro Colom, fue el abogado español Carlos Castresana. Su mandato como Comisionado comenzó desde septiembre de 2007 hasta julio de 2010, cuando renunció argumentando una campaña de desprestigio en su contra y una mala relación con el entonces fiscal general, Conrado Reyes. Declaró que este “tenía un historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas”.
Castresana no pasó desapercibido y durante su administración tuvo casos de gran relevancia como el asesinato de Rodrigo Rosenberg, quien habría dejado un video acusando al presidente Colom y otros funcionarios, pero las pesquisas de la CICIG luego señalaron que él planificó su muerte. También, el caso del expresidente Alfonso Portillo y al menos 13 militares y ex funcionarios de su Gobierno por el desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa.
El segundo Comisionado de la CICIG fue el abogado costarricense Francisco Dall´Anese, quien estuvo al frente desde agosto de 2010 hasta septiembre de 2013, cuando renunció, atribuyéndolo a motivos familiares. Aunque durante su período no tuvo casos de alto impacto, sí dio un paso importante para trabajar en conjunto con el Ministerio Público, en cuanto al traslado de experiencia y capacidades de investigación en la búsqueda para erradicar la corrupción.
En su administración destacaron los procesos en los casos de los crímenes en contra de los candidatos a Alcalde de San José Pinula, Gustavo Ovalle Barrera, del partido Unionista y Carlos Enrique Dardón, del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo); además de las investigaciones en el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral.
Los últimos meses de la gestión de Dall´Anese se volvió tensa con el Ejecutivo, cuando este presentó una queja a la ONU por declaraciones del Comisionado en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y otros militares, lo cual desencadenó su renuncia.
Luego de estos acontecimientos, la ONU nombró en septiembre del 2013, al exmagistrado colombiano Iván Velásquez Gómez, quien contaba con una trayectoria investigando alrededor de 160 congresistas en Colombia vinculados con paramilitares, al igual que el caso contra el narcotraficante Pablo Escobar.
Desde que Velásquez fue nombrado Comisionado, su trabajo ha adquirido popularidad debido a la mancuerna que protagonizó con quien fuera la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, en la batalla contra la corrupción y los múltiples casos de investigación, que llevaron a políticos y empresarios corruptos a la cárcel. Uno de los más sonados fue el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”, en el que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti serían acusados de liderar la estructura criminal que estafó al Estado por millones.
Pero, sin duda, lo que tiene a la CICIG y a Iván bajo la mira son los últimos acontecimientos que ha protagonizado con el actual presidente, Jimmy Morales, quien en el 2016 pidiera a la ONU ampliar el mandato de la Comisión para septiembre de 2019. No obstante, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en septiembre de este año en el que impediría el reingreso al país de Iván Velásquez, quien se encontraba en Nueva York y Washington, EEUU.
Aunque la CICIG continúa en funciones dentro de Guatemala, por el momento es incierto su destino, además de Iván Velásquez y las relaciones internacionales que han manifestado su descontento ante esta decisión.
Fuente: Magíster Aníbal E. Samayoa, Abogado y Notario, medios internacionales y nacionales.