El acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala en el 2006, dio inicio a la creación formal en 2007 a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su finalidad era la de apoyar al Ministerio Público (MP), la PNC y a otras instituciones del Estado en casos de corrupción.
Su primer comisionado fue el español Carlos Castresana, quien se concentró principalmente en realizar una “limpieza” en las instituciones de seguridad. Debido a ello, tuvo casos como la detención en Madrid de Carlos Vielmann, exministro de Gobernación y la captura del expresidente Alfonso Portillo.
Pero, su caso más importante fue haber llevado la investigación del asesinato de Rodrigo Rosenberg, quien apareció en un video acusando al presidente Colom como el responsable de su muerte. En aquella ocasión, la CICIG determinó que el fallecido había planeado su propia muerte.
Castresana renunció en 2010, luego que el mandatario Álvaro Colom no despidiera al fiscal general, Conrado Reyes, al considerarlo no idóneo para el cargo.
Francisco Dall’Anese, de nacionalidad costarricense, sustituyó a Castresana el 1 de agosto del 2010. Su caso más relevante fue el de “Los jueces de la impunidad”, revelado en 2012, en el cual se llevó a 18 jueces a la justicia por favorecer con sus resoluciones a grupos criminales y corruptos.
Dall’Anese, dejó el cargo en septiembre del 2013, debido a la molestia del Ejecutivo por la pronunciación particular del Comisionado con relación al juicio contra Ríos Montt. El reemplazo se dio ese mismo año con el nombramiento del colombiano, Iván Velásquez, como nuevo jefe de la CICIG.
Casi dos años después, en abril del 2015, Iván Velásquez junto a la Fiscal General del MP, Thelma Aldana, dieron a conocer el caso denominado La Línea. Este fue el golpe más grande que dieron hasta ese momento contra el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, llevando a ambos a renunciar a sus cargos y enfrentar a la justicia.
Luego de las acciones del 2015, la CICIG y el MP se posicionaron en lo más alto de popularidad en Guatemala. Además, había sido electo Presidente, el comediante y actor, Jimmy Morales, como una reacción al desagrado que se tenía por los candidatos Sandra Torres y Manuel Baldizón.
Punto de quiebre
Luego del caso La Línea, la CICIG y el MP continuaron sacando a la luz otros procesos de alto impacto, siendo uno el de Cooptación del Estado. Este daría origen a las primeras críticas al considerar que los casos iban dirigidos solo contra el Gobierno del Partido Patriota y no el de otros gobiernos.
Además, en Cooptación del Estado se vincularon en actos delictivos a varios empresarios, considerando los casos como selectivos. Aún así, todavía existía el apoyo del Ejecutivo a las instituciones de seguridad, situación que no duraría por mucho tiempo.
A finales del 2016, las investigaciones por el caso Botín Registro de la Propiedad, llevarían al hijo del presidente, José Manuel Morales y a su hermano, Samuel Everardo Morales, a enfrentar un juicio penal y pasar varias semanas en prisión preventiva.
Esto, provocaría el punto de quiebre de Jimmy Morales con la Fiscal General, Thelma Aldana y el Comisionado, Iván Velásquez. Además, un antejuicio promovido por el MP y la CICIG en agosto de 2017 contra el presidente de la República rompió por completo la relación con el Ejecutivo.
Ese mismo mes, Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velásquez, siendo una serie de amparos lo que detuvo la decisión del Presidente de sacar al Comisionado del país.
Un año después de aparente tranquilidad entre ambos lados de la balanza, la historia se volvió a repetir. En agosto del presente año, fue interpuesto un nuevo antejuicio contra Jimmy Morales por el delito de Financiamiento Electoral Ilícito.
La reacción del Presidente fue que anunciara, el 31 de agosto, que no renovaría el mandato de la CICIG. Además, pidió el traslado de las capacidades de la institución y su inmediata salida, situación actual que está siendo criticada internacionalmente.
