El presidente Alejandro Giammattei Falla mostró nuevamente su verdadera piel y perdió el control cuando aseguró de forma enérgica que los vendedores de verduras de San Juan Comalapa no tributan. “Todos queremos hospitales, pero de agrolis (de forma gratuita) y no pagar impuestos, así que de al pelo”.
El discurso del presidente, quien se ha ufanado en distintas ocasiones de buscar la “unidad nacional”, es perverso, provocador y sacado de contexto. No hay que ser un gran antropólogo social para saber que en la Guatemala rural las familias viven en una economía de subsistencia.
Tampoco es un secreto que Guatemala es un Estado débil que no garantiza los derechos fundamentales a sus ciudadanos. La ecuación es triste, pero relativamente simple: una histórica exclusión social se traduce en falta de oportunidades laborales.
Así es señor presidente, muchos campesinos estarían encantados de poder contar con seguridad social, prestaciones, unas vacaciones pagadas y otras de las ventajas que la formalidad podría ofrecerles, pero en cambio se deben de conformar con extenuantes jornadas a cambio de: centros de salud desabastecidos, escuelas en pésimas condiciones e infraestructura precaria que complica desplazamientos y traslados de los cultivos.
Además, es imperativo señor presidente que revise la sección séptima de la Constitución de la República. El artículo 93 de la Carta Magna establece el derecho a la salud y dice que “el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna”.
Me gustaría que le pusiera atención a las últimas tres palabras de ese pequeño pero elocuente párrafo. El artículo 94 establece que: “El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social”.
En otras palabras, este derecho fundamental no está condicionado al pago de tributos, así lo expresa claramente la Carta Magna. Lo cierto es que el presidente perdió el control y nuevamente en un pésimo manejo de la comunicación política y en su impulsiva naturaleza de hablar sin pensar ofendió a toda una comunidad, se constituyó en un tribunal de sentencia al afirmar categóricamente que los agricultores de San Juan Comalapa no pagaban impuestos.
Fueron muy desafortunadas esas declaraciones y nada tienen que ver con la representación de la unidad nacional que se supone ostenta con la investidura presidencial. Además, en otro arranque de ira arremetió contra un comunitario, quien leía de manera muy respetuosa un documento elaborado en ocasión de su visita. “Yo vine aquí a un diálogo no a escuchar una sarta de inconsistencias”, manifestó con su habitual intolerancia.
El mensaje subyacente de esa aseveración fue elocuente, el comunitario solo es capaz de hablar sin conocimiento, la información veraz y objetiva solo puede provenir de aquel que ejerce el poder. Vaya sinsentido con ínfulas de capataz.
Nuevamente, el presidente se dejó llevar por sus pasiones, sacó su ya conocida piel y le faltó el esperado temple de un verdadero político, que conoce y entiende de gestión de la comunicación en comunidades. Su discurso nos avergonzó a muchos.