El pasado 26 de marzo, el presidente Alejandro Giammattei le pidió al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que aportara sus recursos para contribuir con el pago de trabajadores afiliados a esa institución, medida que duraría mientras se esté en emergencia por el Covid-19.
La petición fue pocos días después que la Junta Directiva, la Gerencia y las subgerencias del IGSS aprobaran medidas en beneficio del sector patronal. Según el Acuerdo 1472, se autorizó que el Instituto difiera los pagos de las cuotas patronales de marzo, abril y mayo de 2020.
Dicho beneficio se otorgó exclusivamente al sector privado y los patronos no tendrán recargos por mora, intereses o gastos administrativos, toda vez se cumplan las disposiciones del acuerdo.
Con la exhortación del mandatario, en algunos sectores del país se notó la preocupación de que se le pida al IGSS pagar los salarios de los trabajadores a los que las empresas no puedan cubrir durante el paro de labores y otras medidas tomadas por la crisis actual.
El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, resaltó que el IGSS, como instancia de salud, debe ser fortalecida y no debilitada: “Las medidas económicas para paliar la situación ante la pandemia necesitan de otros sacrificios, y no las prestaciones de sus beneficiarios”.
Por su parte, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por medio de un comunicado, les pidió al sector privado y estatal buscar mecanismos que aseguren el cumplimiento del salario y derechos laborales del sector trabajador, pero sin comprometer la sostenibilidad del IGSS.
La respuesta del IGSS
Este lunes 30 de marzo, el IGSS dio a conocer su respuesta ante la propuesta del presidente. La Junta Directiva del Instituto informó, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, que no pueden contribuir al pago del salario de los trabajadores afiliados.
Según el comunicado, las estimaciones del IGSS ante la propuesta del presidente Alejandro Giammattei implicaría apoyar con sueldos a más de 600 mil trabajadores, lo que representaría un desembolso por más de Q6 mil millones.
“No es viable financiar la cesantía laboral durante ningún período de tiempo, sin afectar severamente las finanzas de la institución”, menciona el comunicado.
Además, la Junta Directiva y la Gerencia del IGSS explicaron que una acción de respuesta como la solicitada por el mandatario sería ilegal el tomar los recursos de otros programas para un seguro de desempleo por inactividad económica de empresas.
Agregaron que esto afectaría al sector bancario, causando un problema de estabilidad financiera. A ello, concluyeron que provocaría un desequilibrio y desfinanciamiento en programas de enfermedad, maternidad, accidentes y en el tema de los jubilados.
