El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, fue detenido el 13 de octubre de 2010 en Madrid por el caso Pavón, quedó libre días después, su proceso continuó hasta 2018 donde fue absuelto en su totalidad. Durante este proceso, en 2014, Vielmann realizó una demanda civil.
Dicha demanda aún estaba en proceso y fue hasta finales de enero del 2020 que una Juzgadora en España decidió ordenar una comisión rogatoria. Dicha orden es para solicitar que las autoridades guatemaltecas y extranjeras notifiquen a los demandados en el caso.
Las notificaciones deberán realizarse a 15 personas entre los que resaltan exfuncionarios y periodistas. “Se les tendrá que informar que están siendo procesados en España y a partir de dicha notificación tendrán 15 días para presentarse en los tribunales españoles”, indicó Vielmann.
Deben ser notificados:
- Carlos Bendfeldt Porras
- Marielos Monzón
- Claudia Paz y Paz
- Héctor Rosada-Granados
- Chrystian Ulate
- Jean Michel González
- Ulf Stemmler
- Diego Álvarez
- Cristian Gamboa
- Antonio Ingroia
- Aníbal Gutiérrez
- Francisco Dall’Anese
- Gabriela Dapena
- Óscar Feito
- Román Lejtman
El caso es un proceso ordinario, debido a que Vielmann tomó la vía civil, ya que la vía penal no prescribe. En la demanda, el exministro señaló a estas personas de haber violado su Derecho al Honor, Intimidad, Imagen y cualquier otro derecho fundamental establecido en el artículo 249.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
“Ellos me acusaron y juzgaron mediáticamente sin siquiera haber sido sometido a un proceso, hicieron un video en contra mío, lo pusieron en YouTube y lo viralizaron mundialmente”, dijo Vielmann.
Al bajar dicho video en España, donde Vielmann vivía y del cual tenía ciudadanía, este se contempla como un delito que se comete en ese territorio. El video al que se refiere es el documental llamado Impunidad, reporte Guatemala, sobre las muertes ocurridas en la Granja Penal Pavón en 2006.
“Aquí dependerá de la voluntad de la Cancillería, del Organismo Judicial (OJ) y del Ministerio Público (MP), para notificar a estas personas e informar a España que ya fueron notificados”, indicó Vielmann. Dicho proceso está siendo llevado en el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid.
Los demandados
Entre las personas señaladas por Carlos Vielmann están exfuncionarios, periodistas, productores, exfiscales y analistas, además de un exreo guatemalteco. Algunos de ellos aparecen en el video y otros fueron parte del equipo de producción del documental Impunidad, reporte Guatemala.
El primero en la lista es Carlos Bendfeldt Porras, condenado en 2002 a 30 años de prisión inconmutables por haber asesinado a 2 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Noé Antonio García Aguirre y Jesús Suyen de la Cruz. Además, fue absuelto del delito de lesiones graves contra otras 2 personas.
Sin embargo, Bendfeldt no cumplió con la totalidad de su sentencia y quedó en libertad en 2012, cumplió solo con una tercera parte del tiempo que había sido enviado a prisión.
Bendfeldt apareció en el documental Impunidad, reporte Guatemala, el cual fue retirado de las distintas plataformas en línea. El proyecto lo había realizado la CICIG en 2012. También, el demandado sufrió un ataque armado en 2016, en Villa Nueva, por lo que fue ingresado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Por su parte, Marielos Monzón, periodista y comunicadora social, también está en el listado. Ella, ha sido productora y conductora de varios programas radiales y televisivos, además de ser columnista en distintos medios de comunicación y se ha desempeñado como consultora en Comunicación para diversas organizaciones nacionales e internacionales.
Fue galardonada como Guatemalteca Ilustre en la categoría Social en 2017. Ese mismo año, la periodista Monzón denunció que fue señalada de cometer varios delitos en ejercicio de su profesión y que su nombre aparecía en una lista entregada a narcotraficantes.
La exjefa del MP en el período 2010-2014, Claudia Paz y Paz, también es entrevistada en el documental. Integró desde noviembre de 2014, el primer Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, México.
En 2012, la revista Forbes le incluyó en su lista de las 5 mujeres más poderosas del mundo y fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2013. En 2016, Paz y Paz fue denunciada por haber incurrido aparentemente en los delitos de tráfico de influencias y nombramiento ilegal de la agente fiscal Claudia Palencia.
En el 2018 formó parte del segundo GIEI estructurado para dar respuesta a la crisis democrática en Nicaragua. En 2019 asumió la dirección del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para el programa de Centroamérica y México.
Francisco Dall’Anese Ruiz, exfiscal general de Costa Rica y quien asumió como Comisionado de la CICIG el 1 de agosto de 2010, también es uno de los señalados. Durante su gestión se realizó el documental antes mencionado y en el cual participó dando entrevistas.
Entre los denunciantes aparecen también Christian Ulate y Cristian Gamboa, ambos exmiembros de la CICIG. Ulate era abogado y mandatario judicial, tenía asignadas las investigaciones relacionadas con corrupción judicial, mientras que Gamboa fungió como jefe de información y análisis.
Ambos dejaron la CICIG para crear un bufete privado en 2015. “Gamboa, Ulate y Coma Consultores”, luego de haber sido parte del equipo de trabajo que llevó el caso La Línea. Una firma criticada cuando algunos medios guatemaltecos dieron a conocer que prestarían sus servicios a clientes como Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis.
Otro que aparece en la demandada es Héctor Rosada, un investigador social, analista político y consultor en temas de seguridad y militares. Fue el primer secretario de la Paz que tuvo Guatemala y fue uno de los principales negociadores de los Acuerdos que pusieron fin al conflicto armado.
Junto a ellos está el exfiscal adjunto antimafia de la ciudad italiana de Palermo, Antonio Ingroia, nombrado en 2012 como jefe de investigaciones de la CICIG.
Cómo parte de la producción está la argentina Gabriela Dapena, trabajadora de cámara y producción para algunas televisoras. Especialista en edición de videos, gráfica y programación de los CD. Ha hecho contenido periodístico editando material noticioso, avances de películas, programas de moda y contenido de carácter político.
El documental fue dirigido por el argentino, Román Lejtman, quien también es uno de los denunciados. Lejtman es un periodista argentino. Graduado de abogado, se convirtió en periodista en 1983, desde entonces ha trabajado en distintos medios como reportero y director.
Realizó la mayor cantidad de notas sobre el escándalo Narcogate y ha publicado distintos libros, además de obtener algunos premios y reconocimientos.
Por último está el guionista y productor general del documental, Óscar Feito. Él es un periodista argentino que ocupó un puesto de exposición política como secretario de medios, para luego dedicarse a la consultoría y a la realización de documentales de investigaciones.
Según dio a conocer Feito para medios extranjeros, el documental denuncia “la política de limpieza social que se dio en Guatemala y que funcionó como una estructura en paralelo”. Además, la publicación de el Clarín, en 2014, indica que la CICIG les pidió hacer el documental.
El Clarín destacó en su publicación llamada Documental de argentinos sobre la masacre en un penal de Guatemala, que en aquel entonces la grabación se había realizado desde el 2012. Sin embargo, Feito y Lejman aguardaban por más de un año que Naciones Unidas les diera el visto bueno para su difusión.
La respuesta de CICIG
Aunque la CICIG dejó de existir en el país desde el 2019, el tema no pasó desapercibido durante el 2014, año en el que publicaron un comunicado con relación a la publicación en YouTube del documental Impunidad, reporte Guatemala.
“La CICIG informa que se hicieron verificaciones que permitieron establecer que el video fue un proyecto realizado por esta Comisión en el segundo semestre de 2012. Se desconocen las razones por las cuales el documental no se difundió en esa ocasión, así como el motivo por el cual dicho material se publicó en días pasados en Internet”, señaló el documento.
Concluyó que la CICIG en ningún momento había autorizado la publicación y que solicitó oficialmente su retiro a los realizadores. Además manifestaban que no compartían las afirmaciones contenidas en el audiovisual, en cuanto atribuyen relaciones de la cúpula empresarial del sector privado con violaciones a los derechos humanos y actos de “limpieza social”.
